Los chilenos tenemos derecho a vivir en barrios seguros, iluminados, con áreas verdes y espacios públicos para el deporte y la vida al aire libre. Queremos que cada chileno quiera su barrio, que lo viva y lo cuide, y que éste sea un lugar para su desarrollo social y su prosperidad económica.
Como Ministerio de la Vivienda y Urbanismo nuestra labor es generar los instrumentos necesarios para que esto ocurra y propiciar la integración con los centros urbanos.
Autopista inconclusa
Cuando en mayo de 1997 el entonces ministro de Obras Públicas Ricardo Lagos dio a conocer el trazado del nuevo acceso sur a Santiago, mediante una autopista que uniría la Ruta 5 Sur, por Angostura de Paine, con Américo Vespucio Sur, se anticipó que dicha obra tendría una beneficiosa repercusión social y económica, no sólo para los habitantes del sector sur-poniente de la capital, sino para todo el tránsito vehicular, que utilizaría una vía alternativa a la existente, notoriamente sobrecargada.
Tres años después de ese anuncio comenzaron a realizarse faenas de expropiación para disponer de la faja de terreno por donde pasaría la autopista, pero desde enero de 2002 surgieron problemas con cesantes y comerciantes que vivían como allegados en diferentes poblaciones ubicadas en el trazado de la misma, quienes se tomaron un terreno del MOP en La Pintana. Pese a estos inconvenientes, se aseguró que el acceso sur estaría en condiciones de entrar en servicio en 2006.
En noviembre de 2003 se dio inicio a las obras, no obstante las protestas de los vecinos, que exigían compensaciones por la ejecución de faenas que les imposibilitaban el acceso normal a sus viviendas y por el incumplimiento de resoluciones medioambientales. A esto se agregaron acusaciones recíprocas entre el MOP y la concesionaria respecto de la mitigación ambiental establecida en una resolución de Corema. Además, la empresa Autopista del Maipo Sociedad Concesionaria S.A. reclamó por el atraso en las expropiaciones que debía realizar el ministerio.
En mayo de 2007, el MOP admitió que el proyecto ha adolecido de errores y debilidades, si bien los justificó aduciendo su antigüedad. El entonces ministro Eduardo Bitran señaló que "el concepto de autopista, en términos de cómo interfería con la población, debió haber sido distinto".
El mayor problema se presentó en el límite de las comunas de La Granja y La Pintana, cuando algunos vecinos fueron prácticamente enclaustrados por la construcción de la autopista, lo que se solucionó mediante un convenio con el MOP para otorgarles un bono compensatorio. Este pago, sin embargo, causó a su vez el reclamo de vecinos de La Pintana que no fueron indemnizados por los daños provocados por la obra, quienes decidieron impedir la continuación de las labores.
Una conjunción de trabas, improvisación y erradas decisiones ha llevado a que esta autopista tenga un atraso de más de cinco años y vaya a ser entregada al uso público en abril próximo y sólo hasta Puente Alto, desvirtuándose así, parcial aunque significativamente, el propósito de su construcción.
Es comprensible que el alcalde de dicha comuna haya llamado a mejorar la fiscalización de retrasos como éste, que no se miden por meses, sino por varios años. Es de notar que el MOP deberá pagar una indemnización de 68 millones de dólares a la concesionaria.
Fuente: El Mercurio
La Autopista del Maipo se construye al costado poniente de Villa La Serena, se expropiaron las casas que daban a la carretera para construir en ese terreno un colector de Aguas Servidas, a los vecinos nunca se les dijo nada, en la actualidad un grupo de 48 familias piden la expropiacion de sus viviendas pues su calidad de vida ha sido terriblemente perjudicada por el trabajo que la empresa Autopista del Maipo Sociedad Concesionaria S.A realiza desde el año 2002. Aun no tienen ninguna respuesta.
La expropiacion de todas las familias afectadas y de todos los vecinos de La Granja y La Pintana afectados saldria aproximadamente 7 millones de dolares. El Estado chileno le ha pagado a la empresa Autopista del Maipo Sociedad Concesionaria S.A. 68 millones de dolares por concepto de multas por inclumpimiento de contrato.